23 de diciembre de 2010
Los empleados públicos de la Administración General de la Junta de Andalucía jamás hubieran imaginado que serían los portadores de la insignia del inconformismo que atraviesa esta región silente como pocas, una tarea que siempre ha estado asignada a universitarios, sindicatos de clase o partidos de izquierdas. Pero ante la ausencia de actores el empleado público no ha tenido más remedio que salir a escena.
Y lo ha hecho porque quienes reparten los papeles a su antojo les quiere apartar también del escenario y ese trabajador silencioso y dócil ha acabado aferrándose a las tablas que no son otras que las calles, avenidas y plazas existentes a lo largo y ancho de esta ajada Andalucía que sufre como nadie treinta años de parcialidad y mal gobierno.
Los empleados públicos de la Administración General de la Junta de Andalucía jamás hubieran imaginado que serían los portadores de la insignia del inconformismo que atraviesa esta región silente como pocas, una tarea que siempre ha estado asignada a universitarios, sindicatos de clase o partidos de izquierdas. Pero ante la ausencia de actores el empleado público no ha tenido más remedio que salir a escena.
Y lo ha hecho porque quienes reparten los papeles a su antojo les quiere apartar también del escenario y ese trabajador silencioso y dócil ha acabado aferrándose a las tablas que no son otras que las calles, avenidas y plazas existentes a lo largo y ancho de esta ajada Andalucía que sufre como nadie treinta años de parcialidad y mal gobierno.
Y es que lo que está ocurriendo en la función pública andaluza tal vez sea uno de los mayores atentados a este sector desde la época de las cesantías. Muchos años de despropósitos y actuaciones oscuras de aquellos que dirigen con la larga batuta que ofrecen unas urnas repetitivas y acríticas.
Muchos años fraguándose algo que a propios y extraños les daba miedo poner nombre, pero que finalmente ha sido bautizado. Y ese bautismo no ha sido otro que la aprobación de un Decreto-Ley -el 5/2010, modificado torticeramente por el 6/2010- que pretende dar el carácter de Administración Pública a una administración paralela sin potestades públicas, creada al margen de la única que debe de existir: la Administración General, integrada por funcionarios de carrera y laborales fijos, que han accedido al empleo público superando oposiciones y concursos-oposiciones que son los procedimientos reglados y consecuentes con el artículo 103.3 de la Carta Magna.
Pero un buen día en los despachos del poder a alguien se le ocurrió que sería más fácil escapar a ese control de legalidad (huida del Derecho Administrativo) y alejarse de ese colectivo que jamás se alinea con el poder público porque éste es parcial, efímero y pasajero mientras que la permanencia en el puesto es sinónima de imparcialidad, además de una de las bases de nuestro estado de derecho. Y dijeron basta. Y con ese basta, en la Junta de Andalucía se comenzaron a crear empresas públicas, fundaciones y sociedades mercantiles y a contratar sin control, al principio con algunas reservas, pero comprobado el silencio reinante alrededor y el acatamiento servir de quienes debieron de oponerse, la contratación se hizo en masa.
En pocos años esta administración paralela -y en mi opinión ilegal- fue conformando sus plantillas con personal contratado al margen de los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, reservándose los puestos directivos para afines al partido que dirige el gobierno andaluz y que actualmente ocupan multitud de exalcaldes, exconcejales, exdiputados, exdelegados provinciales y muchos otros ex de procedencia no aclarada. En pocas palabras, un asalto a la función pública andaluza sin precedentes del que tendría que tener exacto conocimiento el ciudadano andaluz. Eso también lo están denunciando los empleados públicos.
Y en esa exacerbada contratación se les fue la mano. Hasta el punto de que se comenta que son más de veinticinco mil los que están ocupando una plaza pública sin haber superado oposición o concurso-oposición alguna para ocupar el puesto en el que prestan sus servicios. Por tanto, sin contar con los requisitos legales exigidos que permitan ostentad la necesaria potestad administrativa y el ejercicio de autoridad, que son atributos legales reservados al personal funcionario.
Y como el mundo ya lleva muchos años del revés, el Decreto-Ley citado pretende dar carácter de fijeza a todos esos trabajadores integrantes de esa nueva Administración, que seguramente será a través de un concurso oposición a la medida, imposible de no superar, mientras que a los empleados públicos profesionales se les ofrece -se les invita- a formar parte de ella aunque, eso sí, con carácter voluntario. Una voluntariedad envenenada porque pasarán a esta nueva administración emergente perdiendo la condición de funcionario o laboral fijo en ese nuevo puesto, teniendo -eso sí- la opción de volver a su puesto antiguo, aunque jamás les explicarán que cuando decidan hacerlo encontrarán un páramo en el que ya no crece la hierba y los buitres hace tiempo que dejaron de buscar en los escombros.
Opino que toda esta aberración jurídica no será más que la punta de lanza de lo que está por venir en el resto de la función pública andaluza, porque del éxito de este experimento torticero dependerá su ulterior traslado a otros sectores más magros como el sanitario o el educativo, que ya deberían ir remojando sus barbas.
Pero un buen día en los despachos del poder a alguien se le ocurrió que sería más fácil escapar a ese control de legalidad (huida del Derecho Administrativo) y alejarse de ese colectivo que jamás se alinea con el poder público porque éste es parcial, efímero y pasajero mientras que la permanencia en el puesto es sinónima de imparcialidad, además de una de las bases de nuestro estado de derecho. Y dijeron basta. Y con ese basta, en la Junta de Andalucía se comenzaron a crear empresas públicas, fundaciones y sociedades mercantiles y a contratar sin control, al principio con algunas reservas, pero comprobado el silencio reinante alrededor y el acatamiento servir de quienes debieron de oponerse, la contratación se hizo en masa.
En pocos años esta administración paralela -y en mi opinión ilegal- fue conformando sus plantillas con personal contratado al margen de los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, reservándose los puestos directivos para afines al partido que dirige el gobierno andaluz y que actualmente ocupan multitud de exalcaldes, exconcejales, exdiputados, exdelegados provinciales y muchos otros ex de procedencia no aclarada. En pocas palabras, un asalto a la función pública andaluza sin precedentes del que tendría que tener exacto conocimiento el ciudadano andaluz. Eso también lo están denunciando los empleados públicos.
Y en esa exacerbada contratación se les fue la mano. Hasta el punto de que se comenta que son más de veinticinco mil los que están ocupando una plaza pública sin haber superado oposición o concurso-oposición alguna para ocupar el puesto en el que prestan sus servicios. Por tanto, sin contar con los requisitos legales exigidos que permitan ostentad la necesaria potestad administrativa y el ejercicio de autoridad, que son atributos legales reservados al personal funcionario.
Y como el mundo ya lleva muchos años del revés, el Decreto-Ley citado pretende dar carácter de fijeza a todos esos trabajadores integrantes de esa nueva Administración, que seguramente será a través de un concurso oposición a la medida, imposible de no superar, mientras que a los empleados públicos profesionales se les ofrece -se les invita- a formar parte de ella aunque, eso sí, con carácter voluntario. Una voluntariedad envenenada porque pasarán a esta nueva administración emergente perdiendo la condición de funcionario o laboral fijo en ese nuevo puesto, teniendo -eso sí- la opción de volver a su puesto antiguo, aunque jamás les explicarán que cuando decidan hacerlo encontrarán un páramo en el que ya no crece la hierba y los buitres hace tiempo que dejaron de buscar en los escombros.
Opino que toda esta aberración jurídica no será más que la punta de lanza de lo que está por venir en el resto de la función pública andaluza, porque del éxito de este experimento torticero dependerá su ulterior traslado a otros sectores más magros como el sanitario o el educativo, que ya deberían ir remojando sus barbas.
