Francisco J. Ferraro
12.12.2010
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía del 9 de noviembre autorizó la enajenación de 75 inmuebles de titularidad autonómica, a favor de dos entidades instrumentales de la Junta de Andalucía, para su posterior alquiler y destino a oficinas y servicios administrativos. Con este acuerdo se oficializa la nueva estrategia de financiación autonómica contemplada en el controvertido Decreto-ley 5/2010, de 27 de julio, sobre medidas urgentes para la reordenación del sector público.
Esta decisión significa un vuelco en la tradicional política de sedes propias de la Junta de Andalucía, ratificada en el último Debate del estado de la Comunidad por el presidente Griñán (página 20: "Elaboraremos un plan de sedes con el objetivo de reducir alquileres y otros gastos de funcionamiento"), y tiene complejas implicaciones legales, ya que exige revisar la Ley 4/1986 del Patrimonio de la comunidad autónoma para autorizar la enajenación de bienes inmuebles del patrimonio de Andalucía.
Esta decisión significa un vuelco en la tradicional política de sedes propias de la Junta de Andalucía, ratificada en el último Debate del estado de la Comunidad por el presidente Griñán (página 20: "Elaboraremos un plan de sedes con el objetivo de reducir alquileres y otros gastos de funcionamiento"), y tiene complejas implicaciones legales, ya que exige revisar la Ley 4/1986 del Patrimonio de la comunidad autónoma para autorizar la enajenación de bienes inmuebles del patrimonio de Andalucía.
Un cambio de política en tan breve plazo no es criticable en sí mismo si se explican su oportunidad y sus fundamentos. Según la reseña del mencionado Consejo de Gobierno, el cambio de orientación de la política se debe a una "fórmula de optimización del patrimonio público inmobiliario, [... que] permitirá a la Junta mejorar la gestión y explotación de sus edificios administrativos, así como una mayor racionalización del gasto público". Sin embargo, el pasado año la Junta de Andalucía se felicitaba del ahorro de un millón de euros de alquileres que supondría el nuevo edificio administrativo de Almanjáyar en Granada, un edificio que se encuentra en el listado del acuerdo de gobierno para enajenar y alquilar.
Por tanto, la pretendida racionalización del gasto público no está explicada, y parece que la nueva política de sedes tendrá los efectos contrarios a los enunciados, ya que la operación de enajenación inmobiliaria y posterior alquiler significará un aumento del gasto público total, derivado de los costes del proceso, de la gestión de las APPP y sus satélites empresariales, de la necesidad de capitalización de las empresas públicas para poder endeudarse, de los intereses de esta deuda y del pago de los impuestos vinculados a la enajenación y alquiler de los inmuebles.
No obstante, aunque la razón esgrimida para el cambio de orientación sea la racionalización de la gestión, a nadie se le oculta que, dada la reducción de ingresos tributarios y la limitación del déficit al 1,3% del PIB en 2011 para cumplir el objetivo de estabilidad, la motivación última de esta iniciativa es disponer de financiación adicional extrapresupuestaria. Y es esta motivación la que hace más rechazable la política de venta y alquiler de inmuebles por su contribución al aumento del riesgo país.
Nos encontramos en un delicado momento para la economía española, en el que su elevado endeudamiento externo le hace extremadamente dependiente de los mercados financieros internacionales. Las dudas sobre la capacidad de crecimiento y la solvencia de España, y el contagio de la crisis irlandesa, provocaron en las pasadas semanas que la prima de riesgo español superase los 300 puntos básicos de diferencia con el bono alemán, lo que ha exigido nuevas medidas gubernamentales de ajuste presupuestario. En este contexto, es imprescindible que el Gobierno no tenga más vacilaciones en la política de ajuste para cumplir el objetivo de reducción del déficit y en la definición y aplicación de las reformas estructurales que permitan recuperar la competitividad y el crecimiento económico.
A este objetivo deben contribuir todas las administraciones públicas, y muy especialmente las comunidades autónomas, que son los principales agentes del gasto público, por lo que la iniciativa de la Junta de Andalucía para allegar fondos extrapresupuestarios, aunque estos sean reducidos en términos cuantitativos y aunque se justifique argumentando que lo han practicado otros gobiernos, es desleal con el Gobierno de la nación porque incide negativamente en la consecución del compromiso con la Unión Europea de reducir el déficit real de las administraciones públicas al 6% del PIB el próximo año.
Al parecer, la iniciativa se está encontrando con múltiples dificultades para su aplicación por la complejidad legal del proceso, por lo que de los 800 millones de euros que se pretendían conseguir con la enajenación de los inmuebles (equivalente a lo que restaba de la deuda histórica que se pagó con inmuebles) no se va a alcanzar ni la cuarta parte antes de final de año. Dado que el Decreto-ley que soporta legalmente la enajenación de inmuebles patrimonio de la comunidad, tras ser rechazado por la oposición y los funcionarios, va ser tramitado en forma de ley a partir de enero de 2011, existe la oportunidad para reconsiderar esta errónea estrategia.
Por tanto, la pretendida racionalización del gasto público no está explicada, y parece que la nueva política de sedes tendrá los efectos contrarios a los enunciados, ya que la operación de enajenación inmobiliaria y posterior alquiler significará un aumento del gasto público total, derivado de los costes del proceso, de la gestión de las APPP y sus satélites empresariales, de la necesidad de capitalización de las empresas públicas para poder endeudarse, de los intereses de esta deuda y del pago de los impuestos vinculados a la enajenación y alquiler de los inmuebles.
No obstante, aunque la razón esgrimida para el cambio de orientación sea la racionalización de la gestión, a nadie se le oculta que, dada la reducción de ingresos tributarios y la limitación del déficit al 1,3% del PIB en 2011 para cumplir el objetivo de estabilidad, la motivación última de esta iniciativa es disponer de financiación adicional extrapresupuestaria. Y es esta motivación la que hace más rechazable la política de venta y alquiler de inmuebles por su contribución al aumento del riesgo país.
Nos encontramos en un delicado momento para la economía española, en el que su elevado endeudamiento externo le hace extremadamente dependiente de los mercados financieros internacionales. Las dudas sobre la capacidad de crecimiento y la solvencia de España, y el contagio de la crisis irlandesa, provocaron en las pasadas semanas que la prima de riesgo español superase los 300 puntos básicos de diferencia con el bono alemán, lo que ha exigido nuevas medidas gubernamentales de ajuste presupuestario. En este contexto, es imprescindible que el Gobierno no tenga más vacilaciones en la política de ajuste para cumplir el objetivo de reducción del déficit y en la definición y aplicación de las reformas estructurales que permitan recuperar la competitividad y el crecimiento económico.
A este objetivo deben contribuir todas las administraciones públicas, y muy especialmente las comunidades autónomas, que son los principales agentes del gasto público, por lo que la iniciativa de la Junta de Andalucía para allegar fondos extrapresupuestarios, aunque estos sean reducidos en términos cuantitativos y aunque se justifique argumentando que lo han practicado otros gobiernos, es desleal con el Gobierno de la nación porque incide negativamente en la consecución del compromiso con la Unión Europea de reducir el déficit real de las administraciones públicas al 6% del PIB el próximo año.
Al parecer, la iniciativa se está encontrando con múltiples dificultades para su aplicación por la complejidad legal del proceso, por lo que de los 800 millones de euros que se pretendían conseguir con la enajenación de los inmuebles (equivalente a lo que restaba de la deuda histórica que se pagó con inmuebles) no se va a alcanzar ni la cuarta parte antes de final de año. Dado que el Decreto-ley que soporta legalmente la enajenación de inmuebles patrimonio de la comunidad, tras ser rechazado por la oposición y los funcionarios, va ser tramitado en forma de ley a partir de enero de 2011, existe la oportunidad para reconsiderar esta errónea estrategia.
