Como sabrán nuestros lectores la Junta de Andalucía, estando inmersos en la fase final de resolución de un concurso de méritos, decidió cambiar las bases que lo regulan, justo -en medio del partido-, con el único propósito de dividir al colectivo funcionarial.
Sólo y exclusivamente con esa intención, esperando conseguir el cariño de una parte de uno de los colectivos peor tratados por la política de personal de este régimen. Un colectivo que observó atónito durante años cómo en vez de convocarse las plazas que ocupaban se externalizaban o simplemente no se ofertaban, con el malogrado premio de poder seguir dando las gracias al patrón un tiempo más con el miedo encima.
¿Y cuánto dinero en concepto de trienios dejó de percibir este colectivo ninguneado, una y otra vez? ¿Y por qué no buscan a todos los perjudicados y se lo abonan ahora, también? Por supuesto, no obviamos lo maleable que un trabajador puede llegar a ser cuando está prisionero del miedo. Lo mismo sucede ahora con no pocos externos y eso señoras y señores es seña de identidad del régimen andaluz.
En fin, como el colectivo funcionarial ya tiene más palos encima que una estera sabe que la decisión no era más que una trampa de estos inquietos gobernantes que no les sirvió de nada. La Junta de Andalucía, sabía perfectamente que la rebaremación iba ser recurrida y, a continuación, suspendida por la justicia, que en eso ya tiene sobrada experiencia. Jamás. cuando un concurso está iniciado se cambian las bases, siempre antes o en el próximo, nunca en medio de un proceso abierto.
Ahora la culpa de la paralización
dirán que no es de ellos:
100 % cinismo cortijero.
No le den más vueltas: el objetivo no era otro que castigar a los funcionarios, a TODOS, por ese año y medio, larguísimo, de vuvucelas y generar división.
