Fuente: ABC ANDALUCÍA, 9 de noviembre de 2010. J. FÉLIX MACHUCA. SEVILLA
La ofensiva de los funcionarios contra el Gobierno de Griñán no es una campaña orquestada, sino un «basta ya» ante el «enchufismo» en la Administración andaluza, denunciada reiteradamente por la Cámara de Cuentas
Este levantamiento de la, hasta ahora, domesticada y silente clase funcionarial no obedece a consignas partidistas (que en cualquier caso serían perfectamente legitimas) ni a reivindicaciones salariales en tiempos de extrema necesidad presupuestaria. Así se han empeñado en verlo los agentes socialistas que, desde diferentes portavocías del gobierno de Griñán, han querido manchar y desprestigiar el arranque y movimiento absolutamente espontáneo de la insurrección del funcionario.
El bando de los trabajadores de la función pública está integrado por una heterogénea diversidad de elementos: desde sindicalistas de UGT y CC.OO. avergonzados y desmarcados del papel orgánico que han jugados estos sindicatos, hasta funcionarios que en su vida habían militado en movimiento alguno, sin olvidar la gran masa de trabajadores descontentos por el «decreto del enchufismo». Este espíritu de rebeldía contra la clase política dominante se ha organizado, sin sombras en la recámara, con la agilidad y la urgencia que deviene de las convocatorias por internet, sorprendiendo a un poder cada vez más desgastado por su falta de reflejos y propuestas creíbles.
El poder ha querido identificarlo con los malos de la películas, los flojos y los afortunados del sistema por tener trabajo fijo en medio de un panorama de precariedad y paro. Pero ya veremos, con los datos objetivos de la Cámara de Cuentas, como no son los malos de la película. Sino los paganos de los deshonestos manejos del poder y los primeros en denunciar a una Administración inflada por trabajadores públicos que entraron en la misma ajenos a los principios de igualdad, mérito y capacidad.
Para comprobar este punto basta con acudir a la fiscalización realizada en los últimos años por la Cámara de Cuentas de Andalucía de algunas empresas y entes públicos dependientes de esa oscurantista «administración paralela» que ahora se pretende integrar en el cuerpo funcionarial. La Cámara de Cuentas, como se sabe, es la lupa fiscalizadora y controladora que tenemos los ciudadanos para conocer si esas empresas sostenidas con el dinero de todos están limpias o, en cambio, tienen irregularidades laborales y administrativas que corregir. Estos son sus diagnósticos, en los que se recoge con nitidez el rastro del «enchufismo» en la «administración paralela» de la Junta.
Fundación Legado Andalusí
Confirma la citada Cámara de Cuentas que esta «entidad no respeta sus propias normas en el 50% de los contratos de mayor importe adjudicados en 2007, utilizando en todos estos casos procedimientos que merman la publicidad y concurrencia de oferta». Más adelante nos sorprende la Cámara diciendo: «Se han detectado dos pagos de facturas a proveedores no respaldados por documentos contractuales a pesar de superarse los límites establecidos, así como pagos que exceden el importe de adjudicación sin constatarse modificación al contrato».
Confirma la citada Cámara de Cuentas que esta «entidad no respeta sus propias normas en el 50% de los contratos de mayor importe adjudicados en 2007, utilizando en todos estos casos procedimientos que merman la publicidad y concurrencia de oferta». Más adelante nos sorprende la Cámara diciendo: «Se han detectado dos pagos de facturas a proveedores no respaldados por documentos contractuales a pesar de superarse los límites establecidos, así como pagos que exceden el importe de adjudicación sin constatarse modificación al contrato».
Canal Sur
Con fecha de 2009, la Cámara de Cuentas, repasaba la situación de los muchos colaboradores contratados por Canal Sur Radio, concluyendo que de esos muchos colaboradores, continuados en el tiempo, «tan solo cuatro cuentan con contrato formalizado, vulnerando lo establecido en el artículo 28.1 de la LCSP». Más adelante la Cámara señala que de esos cuatro contratos «ninguno cumple además con las disposiciones establecidas en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas». Para colmo, a Canal Sur Radio, que justifica el carácter artístico de estos contratos para no someterlos a los preceptos de la LCSP, le descubre la Cámara que «en ningún caso adjudica estos contratos aplicando los principios de publicidad, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación a los que está obligado en virtud de la Ley».
Sandetel, Sadesi y Citandalucía
Las conclusiones fiscalizadoras de la Cámara con estas tres empresas públicas rayan, ciertamente, en el escándalo. El control es de 2007 y puede leerse: «En los expedientes analizados correspondientes al personal de Sandetel y Citandalucía, no constaba la documentación correspondiente a la fase de selección, por lo que no ha sido posible comprobar que el acceso al puesto de trabajo en la empresa pública se ha realizado según los principios de igualdad, mérito y capacidad». La Cámara detecta, igualmente, que seis de los treinta y seis empleados de Citandalucía prestan sus servicios de forma permanente en y para la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Además subraya el interés explícito de la citada consejería por la contratación expresa de un tercero, al margen del procedimiento empleado para su contratación.
