La Junta de Andalucía viene creando desde finales de los años 80 lo que denomina Entes Instrumentales. Entre estos entes se encuentran Egmasa y DAPsa, dos empresas públicas de apoyo y auxilio en algunas labores a las Consejerías de Medio Ambiente y Agricultura y Pesca.
Entre el objeto social de las mismas se incluye la realización de cualquier obra…, por lo que gradualmente comienza a hacerse un uso indiscriminado de las mismas como “medios propios” en la contratación pública. Así se hace innecesaria la licitación pública. Amen de esta función, la Junta le realiza un encargo de ejecución de competencias que realizaba la Consejería respectiva y que ahora la realiza el personal de estas empresas. Creo que es innecesario comentar que al ser empresas, tanto la ejecución de sus respectivos presupuestos de gastos, como la contratación del personal, no está sometido a ningún tipo de control de legalidad ni oportunidad, como la Intervención General realiza para las Consejerías.
El político va conociendo poco a poco las posibilidades ilimitadas que ofrece esta falta de control y así hemos pasado de una empresa de apoyo, a que las empresas públicas controlen de forma directa un tercio del presupuesto, unos 11.000 millones de pesetas, y en total el 68% del presupuesto de la Junta acaba pasando bajo su control en algún momento.
Con respecto al personal, el apoyo supera en volumen de personal a la matriz, ya que frente a unos 22.000 empleados públicos y bajando, las empresas representan en torno a 27.000 personas y subiendo.
La Unión Europea, harta de los españoles en general y del Gobierno Andaluz en particular por violar sistemáticamente la libre competencia y el libre acceso de las empresas a la contratación pública mediante la fórmula de realización con medios propios, empieza a demandar a nuestro gobierno y el Tribunal Europeo a fallar en contra. Ya no pueden utilizarlas como se venía haciendo.
Por otro lado, el TSJA ha declarado ilegales ya varios encargos de ejecución de los realizados a estas empresas, y dicen las malas lenguas que está reteniendo la publicación de una sentencia ya redactada y que sería el apuñalamiento final de este sistema.
Creo que comprenderá que en la nueva contingencia que se plantea, las empresas públicas pierden su razón de existir por falta de objeto, con lo que habría que liquidar las mismas y despedir al personal que presta en ellas sus servicios. De ahí la repetida frase de varios miembros del Gobierno achacando al PP que su solución sería despedir. El despido es la única solución legal al problema creado por el Gobierno Andaluz al intentar evitar los controles de legalidad, tanto en ejecución de gasto como en personal.
¿Qué hace pues? Como casi siempre emprende una huida hacia adelante cometiendo nuevos atropellos e ilegalidades. En vez de despedirlo me reúno con el sindicalismo amarillo y diseño un plan para meterlos en la administración pública haciéndolos laborales fijos de la misma, sin haber pasado por los sistemas de selección del personal laboral. Y, para rematar la faena, la incorporación de 27.000 personas la vendo como un ahorro y una mejor utilización de los medios públicos (que hay que tener aplomo para decirlo sin descojo…)
La realidad va más allá, no va a ser una incorporación, sino una absorción de las Consejerías por las empresas, por lo que la Administración Pública reconocida en la Constitución pasa a ser controlada por personal externo a la misma mediante “Personal Directivo” próximo a partidos o sindicalistas del lejano oriente.
Por otra parte, si duplico, en realidad algo más, mis efectivos de una sola tacada, lógico es pensar que durante un largo periodo de tiempo no voy a necesitar ningún tipo de personal, ni funcionario ni laboral, por lo que las espectativas laborales de miles de personas que han invertido tiempo y dinero en su formación se ven truncadas en favor de personas próximas al régimen establecido y sin mérito ni capacidad alguna demostrada objetivamente.
Esta es la raiz y la explicación del problema.
P.D.: Que UGT y CCOO firmen un acuerdo para la Administración General de la Junta de Andalucía, tiene el mismo valor que el que hubiera firmado SATSE, ANPE o cualquier otro sindicato de las Administracíones Estatutarias, sea Sanitaria o Docente, que es donde tienen representación. En la Administración General, y soy consciente de que es muy fuerte lo que voy a decir, han conseguido los cuadros de estos sindicatos ganarse el odio irreparable del conjunto de los empleados públicos. No sólo no representan, se les expulsa como sindicato de cualquier acto convocado en defensa de los derechos del empledado público.
Ambas partes firmantes del Acuerdo eran plenamente conscientes de todo lo que aquí te escribo. La calificación mínima que encuentro es burla, hacia los empleados públicos y hacia los ciudadanos.
Cosas quedan en el tintero, pero creo que muchas de ellas ya te las han transmitido.
JOSÉ JIMÉNEZ JIMÉNEZ.
IZQUIERDA SOCIALISTA
MÁLAGA.
