M. J. PEREIRA
15 de diciembre de 2010
Recurren a personal ajeno para cometidos de funcionarios de las propias consejerías
El Defensor del Pueblo Andaluz cree que la Administración andaluza abusa de la contratación directa de personal externo para desarrollar trabajo propio de funcionarios. Este organismo, que admitió la queja de una arquitecta de la bolsa de empleo de interinos, ha pedido a la delegación de Obras Públicas y Vivienda de Huelva que se abstenga de contratar a más personal externo «para suplir la carencia de medios personales cuando se trata de hacer frente a necesidades permanentes de personal relacionadas con el ejercicio de las competencias atribuidas a ese organismo».
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| José Chamizo, Defensor del Pueblo Andaluz |
El Defensor de Pueblo solicita a la Junta que en el proceso de selección para suscribir los citados contratos «sería deseable evitar la designación del candidato sin publicitar la licitación y de los requisitos mínimos para participar en la misma». Asimismo, aconseja a la Consejería de Obras Públicas que ofrezca dichas contrataciones al personal integrado en la bolsa de empleo en la que están los seleccionados en convocatorias públicas de la Junta de Andalucía con el fin de garantizar el cumplimiento del artículo 23,2 de la Constitución, que establece que los ciudadanos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que establecen las leyes.
Método excepcional
La respuesta dada por la delegación de Obras Públicas al Defensor del Pueblo se centra fundamentalmente en que no se han detectado «necesidades urgentes que motivasen el nombramiento del personal interino» de la bolsa de empleo de arquitectos. En este sentido, dice que recurrir a interinos de la bolsa de empleo «por razones o intereses particulares, supondría ir en contra de los principios que rigen y justifican su existencia (urgencia y necesidad) y de la deseable estabilidad que debe presidir el desempleo de las labores propias del puesto». La Junta se escuda en que los contratos se realizan de acuerdo con la legislación de Contratos del Sector Público y, por tanto, el proceso de selección no tiene que regirse por los principios establecidos constitucionalmente para el acceso a la Función Pública.
Sin embargo, Francisco Gutiérrez, adjunto al Defensor del Pueblo y tramitador de esta queja, declaró a ABC que »esto no sólo pasa en la delegación de Obras Públicas y Vivienda de Huelva, sino que es un práctica generalizada en toda la Administración andaluza». A su juicio, «el hecho de que se abuse de la contratación de personal externo explica que las bolsas de empleo de interinos no se muevan lo más mínimo». Además, añade que «aunque la Junta utiliza la Ley de Contratos del Sector Público para hacer esas contrataciones en forma de “obras y servicios”, se trata de una argucia legal para contratar a profesionales que se convierten en autónomos, trabajan en muchos casos en dependencias de la Administración y además desarrollan un cometido específico de funcionarios». El adjunto al Defensor del Pueblo explicó que «la Junta está usando esa de forma rutinaria, en lugar de hacerlo de forma excepcional y para casos concretos, como estipula la propia normativa».
La queja se inició por parte de una arquitecta que denunció que en la delegación de Obras Públicas de Huelva se contrata a personal ajeno a la bolsa de empleo del Cuerpo Superior Facultativo de Arquitectura, realizándose la selección de personal sin procedimiento selectivo que garantice la concurrencia de aspirantes conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad.
Contratos sin publicidad
La delegación de Obras Públicas de Huelva admite que ha usado la Ley de Contratos del Sector Público para trabajos que se prolongan incluso 24 meses y ascienden hasta 60.000 euros, cantidad que no le obliga a publicitar esos contratos. Son desarrollados por arquitectos externos, muchos de los cuales trabajan en la propia delegación de Obras Públicas, codo con codo con funcionarios. Estos son algunos de los contratos:
—Contrato de 64.000 euros y 24 meses para «Análisis e informes de instrumentos de planeamiento urbanístico de los municipios de Huelva».
—Contrato de 60.000 euros y 24 meses para «Redacción de informes, apoyo y asesoramiento relativos a la adaptación de los instrumentos de planeamiento de los municipios de Huelva al PGOU previsto en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía».
—Contrato de 29.008 euros de 12 meses para «Estudio y elaboración de informes de proyectos de actuación para la ampliación de actuaciones de interés público en suelo no urbanizable».
—Contrato de 32.000 euros para «Estudios, información y elaboración de informes y asesoramiento técnico de planeamiento urbanístico en la provincia de Huelva».
