Senatus Trianae (Colectivo de veteranos dirigentes socialistas de Sevilla). Francisco Arcas Lucena, José Manuel Leal Sabido, Francisco Pineda, Nicolás Núñez de la Torre, Carmen Villar Martínez.
Qué sorpresa! Los funcionarios de la Junta de Andalucía llevan unos meses de movilizaciones con pancartas, encierros, recursos masivos y manifestaciones en la calle. La sociedad andaluza está sorprendida porque el estereotipo social los etiqueta como personas conformistas, que trabajan lo justo y evitan meterse en problemas. También ha sido una sorpresa para el partido de la oposición, que creía que los funcionarios de la Junta de Andalucía eran “clientes” del Gobierno, incluso el partido del Gobierno, después de tantos años en el poder, parece sorprendido también, porque les creía “suyos.”
Después del recorte intempestivo del 5% del salario bruto anual, que ya veremos si es constitucional o no, la aprobación del Decreto 5/2010, de reordenación del sector público, ha prendido la mecha de las movilizaciones masivas que vemos en la calle. A pesar de los cambios tan importantes que establece, se ha aprobado justo antes de las vacaciones de este tórrido verano, por vía de urgencia y sin consultar con nadie, ni con los agentes sociales ni siquiera con los representantes de los funcionarios. Y en septiembre, con una celeridad sospechosa, ya estaban algunos altos cargos reuniendo a los funcionarios, para decirles que tenían que pedir excedencia y que se les harían un contrato laboral en la agencia correspondiente. Para comienzos de año debería estar todo resuelto. Es un gesto tan extraño, que ha generado una profunda inseguridad en los funcionarios por su propio futuro, un miedo atroz a la privatización y un injusto agravio comparativo con el personal de las fundaciones.
“Lo que nos mueve, con razón suficiente, no es la percepción de que el mundo no es justo del todo, lo cual pocos esperamos, sino que hay injusticias claramente remediables en nuestro entorno que quisiéramos suprimir”
‘La Idea de la Justicia’. Amartya Sen
‘La Idea de la Justicia’. Amartya Sen
Qué sorpresa! Los funcionarios de la Junta de Andalucía llevan unos meses de movilizaciones con pancartas, encierros, recursos masivos y manifestaciones en la calle. La sociedad andaluza está sorprendida porque el estereotipo social los etiqueta como personas conformistas, que trabajan lo justo y evitan meterse en problemas. También ha sido una sorpresa para el partido de la oposición, que creía que los funcionarios de la Junta de Andalucía eran “clientes” del Gobierno, incluso el partido del Gobierno, después de tantos años en el poder, parece sorprendido también, porque les creía “suyos.”
Después del recorte intempestivo del 5% del salario bruto anual, que ya veremos si es constitucional o no, la aprobación del Decreto 5/2010, de reordenación del sector público, ha prendido la mecha de las movilizaciones masivas que vemos en la calle. A pesar de los cambios tan importantes que establece, se ha aprobado justo antes de las vacaciones de este tórrido verano, por vía de urgencia y sin consultar con nadie, ni con los agentes sociales ni siquiera con los representantes de los funcionarios. Y en septiembre, con una celeridad sospechosa, ya estaban algunos altos cargos reuniendo a los funcionarios, para decirles que tenían que pedir excedencia y que se les harían un contrato laboral en la agencia correspondiente. Para comienzos de año debería estar todo resuelto. Es un gesto tan extraño, que ha generado una profunda inseguridad en los funcionarios por su propio futuro, un miedo atroz a la privatización y un injusto agravio comparativo con el personal de las fundaciones.
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| Cruces en Torretriana En las cruces rezan las leyendas: Igualdad, Mérito y Capacidad |
Llueve sobre mojado. El Decreto 5/2010 ha sido el detonante que ha hecho estallar la situación de grave malestar en la Administración autonómica. Este conflicto se viene gestando desde hace más de una década con tres elementos principales. En primer lugar, los nuevos funcionarios. En busca de un empleo estable, muchos jóvenes profesionales andaluces han superado las oposiciones convocadas por la administración autonómica en las últimas décadas. Su acceso cumple con las exigencias constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, se sienten independientes y no le deben nada a nadie.
En segundo lugar, la discrecionalidad. Estos nuevos funcionarios, con legitimidad profesional para ejercer, no pueden entender la extraordinaria discrecionalidad en los nombramientos. Naturalmente, los políticos elegidos por los votos de los ciudadanos tienen legitimidad democrática. Ahora bien, la legitimidad democrática se va diluyendo en la jerarquía de la administración autonómica cuando el político electo “nombra” discrecionalmente a su segundo, y éste a un tercero, y a un cuarto, y así a veces hasta cuatro o cinco nombramientos que ya no están basados en la legitimidad democrática ni en la profesional. Son nombramientos por confianza, amistad o cualquier cosa: favor que se debe al que te ha nombrado para el puesto y a nadie más; favor que se puede perder y te pueden cesar.
En tercer lugar, la creación de fundaciones y entes instrumentales. Las normas de gestión del gasto en las administraciones públicas están dirigidas al control del mismo y a evitar el “robo” más que a un gasto eficiente y eficaz. Para evitar la lentitud en los expedientes de gasto y obtener mejores y más rápidos resultados, la Junta de Andalucía comenzó, hace más de una década, a constituir “fundaciones” y otros entes con financiación pública y gestión privada. El Consejo de Gobierno nombra a un director gerente, que siguiendo las indicaciones del consejero, contrata al personal que cree oportuno y dedica la financiación recibida a los gastos previstos, más o menos, según su criterio. Adiós a la Intervención Delegada, a las aplicaciones presupuestarias específicas, a la Ley de Contratos del Estado, a la concurrencia pública, etcétera. La confusión entre lo público y lo privado, así como la ausencia de un sistema racional, ha generado situaciones de feudalización del poder en las diversas y variopintas fundaciones en una carrera competitiva por quién hace las cosas más rápido o quién contrata a más personas.
Se han producido demasiadas duplicidades y excesos. En algunos casos, el personal contratado en estas fundaciones se trata de buenos profesionales y en otros muchos son amigos y familiares de los altos cargos. Para unos, el lugar de trabajo es la sede de la fundación y para otros, sus despachos y mesas de trabajo están en la propia consejería, sin ningún tipo de distinción con los funcionarios, salvo que no fichan a la entrada y a la salida. A este proceso de creación de fundaciones le pasa como a la Revolución Rusa, empezó con una idea bienintencionada, y no sabemos cuándo se fue transformando hasta llegar al colapso del sistema.
Para dar una respuesta a esta compleja problemática, el Gobierno Griñán aprobó este verano el Decreto 5/2010 con demasiadas prisas y ahora parece claro, sin una estrategia. Se ha puesto sobre la mesa el volumen de personal que pueden suponer las fundaciones y otros entes de la Junta de Andalucía: entre 20.000 y 40.000 personas contratadas en sus más diversas modalidades. La cifra tiene una enorme dimensión porque sin contar a docentes y sanitarios la Junta de Andalucía tiene unos 50.000 funcionarios. Es decir, hay que incrementar el personal entre el 50% y el 100%. ¡Cuántos opositores sueñan con la convocatoria de esas plazas!
Aplicar recetas simples, que han funcionado en otros países, puede dar nuevos problemas al no tener en cuenta aspectos imprescindibles, como por ejemplo escuchar previamente a funcionarios, empresarios y expertos en gestión pública, así como definir claramente la estrategia a seguir. Somos conscientes de que, tan necesario es reformar la administración autonómica, como de que no es posible si no hay una estrecha colaboración entre los funcionarios y los políticos electos. Menos aún con el rechazo prácticamente unánime de los funcionarios. El acceso y la carrera profesional de los funcionarios garantizan la neutralidad política de la Administración. Y no son incompatibles con los sistemas contrastados que mejoran la eficiencia y la eficacia en las administraciones públicas.
La decisión de tramitar el Decreto como Ley, para hacer efectivos los acuerdos con CCOO y UGT, va a permitir también la aportación de las enmiendas de los diferentes grupos parlamentarios. Las movilizaciones continúan en la calle y en los juzgados, los recursos. En consecuencia, confiamos que en el debate del Parlamento de Andalucía se proceda a la rectificación sustantiva del Decreto y se incorporen las reivindicaciones de la mayoría de los empleados públicos. Desde una posición de izquierdas, es un principio irrenunciable la igualdad de oportunidades de todos los andaluces en el acceso a la función pública, y sin duda, hay que gobernar contando con las personas. Las elecciones están próximas y puede haber más sorpresas.
En segundo lugar, la discrecionalidad. Estos nuevos funcionarios, con legitimidad profesional para ejercer, no pueden entender la extraordinaria discrecionalidad en los nombramientos. Naturalmente, los políticos elegidos por los votos de los ciudadanos tienen legitimidad democrática. Ahora bien, la legitimidad democrática se va diluyendo en la jerarquía de la administración autonómica cuando el político electo “nombra” discrecionalmente a su segundo, y éste a un tercero, y a un cuarto, y así a veces hasta cuatro o cinco nombramientos que ya no están basados en la legitimidad democrática ni en la profesional. Son nombramientos por confianza, amistad o cualquier cosa: favor que se debe al que te ha nombrado para el puesto y a nadie más; favor que se puede perder y te pueden cesar.
En tercer lugar, la creación de fundaciones y entes instrumentales. Las normas de gestión del gasto en las administraciones públicas están dirigidas al control del mismo y a evitar el “robo” más que a un gasto eficiente y eficaz. Para evitar la lentitud en los expedientes de gasto y obtener mejores y más rápidos resultados, la Junta de Andalucía comenzó, hace más de una década, a constituir “fundaciones” y otros entes con financiación pública y gestión privada. El Consejo de Gobierno nombra a un director gerente, que siguiendo las indicaciones del consejero, contrata al personal que cree oportuno y dedica la financiación recibida a los gastos previstos, más o menos, según su criterio. Adiós a la Intervención Delegada, a las aplicaciones presupuestarias específicas, a la Ley de Contratos del Estado, a la concurrencia pública, etcétera. La confusión entre lo público y lo privado, así como la ausencia de un sistema racional, ha generado situaciones de feudalización del poder en las diversas y variopintas fundaciones en una carrera competitiva por quién hace las cosas más rápido o quién contrata a más personas.
Se han producido demasiadas duplicidades y excesos. En algunos casos, el personal contratado en estas fundaciones se trata de buenos profesionales y en otros muchos son amigos y familiares de los altos cargos. Para unos, el lugar de trabajo es la sede de la fundación y para otros, sus despachos y mesas de trabajo están en la propia consejería, sin ningún tipo de distinción con los funcionarios, salvo que no fichan a la entrada y a la salida. A este proceso de creación de fundaciones le pasa como a la Revolución Rusa, empezó con una idea bienintencionada, y no sabemos cuándo se fue transformando hasta llegar al colapso del sistema.
Para dar una respuesta a esta compleja problemática, el Gobierno Griñán aprobó este verano el Decreto 5/2010 con demasiadas prisas y ahora parece claro, sin una estrategia. Se ha puesto sobre la mesa el volumen de personal que pueden suponer las fundaciones y otros entes de la Junta de Andalucía: entre 20.000 y 40.000 personas contratadas en sus más diversas modalidades. La cifra tiene una enorme dimensión porque sin contar a docentes y sanitarios la Junta de Andalucía tiene unos 50.000 funcionarios. Es decir, hay que incrementar el personal entre el 50% y el 100%. ¡Cuántos opositores sueñan con la convocatoria de esas plazas!
Aplicar recetas simples, que han funcionado en otros países, puede dar nuevos problemas al no tener en cuenta aspectos imprescindibles, como por ejemplo escuchar previamente a funcionarios, empresarios y expertos en gestión pública, así como definir claramente la estrategia a seguir. Somos conscientes de que, tan necesario es reformar la administración autonómica, como de que no es posible si no hay una estrecha colaboración entre los funcionarios y los políticos electos. Menos aún con el rechazo prácticamente unánime de los funcionarios. El acceso y la carrera profesional de los funcionarios garantizan la neutralidad política de la Administración. Y no son incompatibles con los sistemas contrastados que mejoran la eficiencia y la eficacia en las administraciones públicas.
La decisión de tramitar el Decreto como Ley, para hacer efectivos los acuerdos con CCOO y UGT, va a permitir también la aportación de las enmiendas de los diferentes grupos parlamentarios. Las movilizaciones continúan en la calle y en los juzgados, los recursos. En consecuencia, confiamos que en el debate del Parlamento de Andalucía se proceda a la rectificación sustantiva del Decreto y se incorporen las reivindicaciones de la mayoría de los empleados públicos. Desde una posición de izquierdas, es un principio irrenunciable la igualdad de oportunidades de todos los andaluces en el acceso a la función pública, y sin duda, hay que gobernar contando con las personas. Las elecciones están próximas y puede haber más sorpresas.
